El grupo de académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile miran críticamente los elogios a la trayectoria profesional del recientemente fallecido Pablo Rodríguez Grez, por el rol que éste jugó durante y después de la dictadura militar. Sostienen que «a nivel nacional e internacional, cada día ganan fuerza los cuestionamientos a los principios de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. En ese contexto, documentar, comprender, y reflexionar críticamente sobre el rol de los profesionales del derecho frente al autoritarismo no es solo un ejercicio intelectual, sino más profundamente, un imperativo jurídico, político y moral».
Créditos imagen de portada: reproducción TVN
No hay muerto malo, reza el refrán, y así lo confirman los discursos a raíz del fallecimiento del abogado Pablo Rodríguez Grez. En la prensa, cartas al director y reconocimientos otorgados por las universidades en las que se desempeñó como académico–en particular, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a la que pertenecemos–se destaca su trayectoria profesional: mejor alumno de su generación, reiterados premios como mejor docente, un “jurista de excepción” en el campo del derecho civil, y un profesional del más alto prestigio, reconocido en rankings y encuestas entre sus pares.
¿Cómo podemos conciliar ese reconocimiento y prestigio profesional con el hecho que el Sr. Rodríguez de forma consistente en su larga carrera abogó por ideas y realizó acciones en directa contradicción con los principios democráticos y la vigencia de los derechos humanos? ¿Podemos calificar de jurista excepcional a alguien que contribuyó a erosionar las bases del Estado de Derecho?
Como es de público conocimiento, el Sr. Rodríguez fue fundador de la organización paramilitar Patria y Libertad que participó activamente de la desestabilización del gobierno democráticamente electo de Salvador Allende y protagonizó un intento de golpe de Estado, el llamado “Tanquetazo” de junio de 1973. Por este hecho terminó asilado en la embajada de Ecuador, aunque no tuvo que asumir responsabilidad alguna debido al subsecuente, y esta vez exitoso, golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Durante la dictadura, en su calidad de Consejero del Colegio de Abogados, negó sistemáticamente las solicitudes de amparo presentadas por los abogados perseguidos por el régimen, llegando a entregar personalmente a las fuerzas de seguridad al abogado del Comité Pro-Paz Marcelo Duffau. Asimismo, cuando el abogado Guillermo Bello Doren fue detenido y desaparecido por varios días por agentes de la DINA, calificó dicha situación como un “autosecuestro”. También como consejero prestó asesoría directa a la Junta Militar para desvirtuar las acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos realizadas por organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1974), la Comisión de Trabajo sobre Derechos Humanos de la ONU (1975) y la Comisión Ad-hoc de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Chile (1976), todo lo cual ha sido documentado por el historiador Marcelo Casals.
Su compromiso con el régimen autoritario se mantuvo en el periodo de transición a la democracia, asumiendo personalmente la defensa jurídica del general Pinochet y de su familia tanto en las causas por violaciones a los derechos humanos como por corrupción. La defensa se basó en la incapacidad de Pinochet de ser sometido a juicio por su deteriorado estado de salud, así como en las alegaciones de prescripción y no aplicabilidad de los tratados internacionales de derechos humanos. Esta defensa, que se ancló en las garantías del debido proceso, –debido proceso que le fue denegado a sus colegas y a las miles de víctimas detenidas de forma arbitraria por la dictadura– fue, indudablemente, exitosa, pues la muerte alcanzó al general sin una condena, y sus familiares tampoco sufrieron las consecuencias por los millonarios desfalcos con los cuales se beneficiaron.
Pablo Rodríguez Grez podría ser entonces un caso paradigmático de “abogado del diablo” y el defensor de lo indefendible. Pero este “prontuario” no es considerado problemático por un sector importante de la profesión y academia jurídica nacional, quienes hoy destacan su calidad intelectual y su competencia profesional. Y en cierta medida, esto es innegable: Pablo Rodríguez nunca fue condenado por ningún tribunal, sus argumentos jurídicos fueron inteligente y estratégicamente presentados, y desde la corriente dominante de la ética profesional de la abogacía, la llamada teoría del “partisano neutral”, el abogado no es responsable por la moral de sus clientes, pues incluso un tirano como Pinochet merece la mejor defensa posible. Pablo Rodríguez, sin embargo, no fue un “partisano neutral”, sino que estuvo personalmente comprometido con defender las políticas represivas de una dictadura que él consideraba como deseable y necesaria.
¿Qué nos dice esto sobre la abogacía y los valores que la inspiran? En definitiva, el problema no es que Rodríguez haya sido “el abogado del diablo”, sino que, en el fondo, lo diabólico puede estar en el corazón del derecho. La noción del derecho como un mero instrumento que puede servir cualquier causa, una tecnología o herramienta servil al logro de cualquier objetivo por injusto o inmoral que este sea. Porque la verdadera tragedia es que Pablo Rodríguez no fue una figura excepcional, sino uno de entre cientos de abogados y abogadas que colaboraron activamente con la dictadura militar, poniendo sus conocimientos jurídicos al servicio de diseñar, implementar, y preservar en el tiempo este régimen autoritario.
En tanto académicos encargados de formar a las próximas generaciones de profesionales del derecho, ¿cómo debemos abordar el legado de las y los abogados y juristas que, como Pablo Rodríguez Grez, pusieron el derecho al servicio de un Estado autoritario y represivo?
En virtud del pluralismo académico e ideológico que caracteriza a nuestra casa de estudios, no pretendemos excluir a personas por sus ideas. Pero en virtud de ese mismo pluralismo quienes discrepamos de ideas autoritarias tenemos el derecho y el deber de someterlas a crítica y emitir juicios sobre las acciones públicas y las ideologías contrarias a uno de los valores fundamentales de nuestra Universidad: el respeto irrestricto y la promoción de los derechos humanos.
A nivel nacional e internacional, cada día ganan fuerza los cuestionamientos a los principios de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. En ese contexto, documentar, comprender, y reflexionar críticamente sobre el rol de los profesionales del derecho frente al autoritarismo no es solo un ejercicio intelectual, sino más profundamente, un imperativo jurídico, político y moral.
Firman: Marianne González Le Saux, Paz Irarrázabal González, Constanza Núñez Donald, Pietro Sferrazza Taibi, Cecilia Domínguez Valverde, Pablo Aguayo Westwood, académicas y académicos de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
