Varios congresistas piden a Trump que levante las sanciones a Venezuela para gestionar la catástrofe del terremoto

Un total de 14 congresistas de Estados Unidos ha enviado este martes una carta al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que piden un levantamiento de las sanciones económicas sobre Venezuela para que pueda hacer frente a la catástrofe y la devastación causada por los dos terremotos que el pasado 24 de junio asolaron el norte del país. En la carta, adelantada por EL PAÍS, los representantes piden a la Administración estadounidense que desbloquee de forma permanente los fondos venezolanos procedentes del petróleo para que Caracas pueda usarlos para la reconstrucción y estabilización del país.

Los congresistas del partido demócrata y miembros de la Cámara de Representantes, Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), Jesús Chuy García (Illinois), Rashida H. Tlaib (Michigan), Eleanor Holmes Norton (Distrito de Columbia), Delia Ramírez (Illinois), Nydia Velázquez (Nueva York), Yvette D. Clarke (Nueva York), Greg Casar (Texas), Mark Pocan (Wisconsin), Jonathan L. Jackson (Illinois), Ilhan Omar (Minnesota), Shri Thanedar (Michigan), Summer L. Lee (Pensilvania), Mark DeSaulnier (California) reclaman el levantamiento “inmediato de las amplias sanciones económicas de Estados Unidos contra el país y a hacer todo lo que esté a su alcance para facilitar el acceso de Venezuela a sus activos congelados en el extranjero”.

El balance de daños de los sismos que sacudieron La Guaira y Caracas es desgarrador, con 4.561 fallecidos y 16.740 heridos con fracturas y amputaciones, según confirmó este lunes Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. Unos 300 cadáveres permanecen sin identificar. Además, casi 18.000 personas se han quedado sin vivienda por las consecuencias de la sacudida.

“Las restricciones económicas están obstaculizando gravemente las labores urgentes de socorro y seguirán amenazando la recuperación y la reconstrucción a largo plazo de Venezuela si se mantienen vigentes”, advierten los firmantes de la carta, a la que tuvo acceso EL PAÍS. “Los terremotos del 24 de junio fueron los más potentes que han sacudido a Venezuela en más de un siglo”, señala la misiva remitida al presidente estadounidense, en la que se describe el efecto devastador del terremoto y las más de 1.250 réplicas ocurridas en las últimas tres semanas.

“Unos 1.400 edificios colapsaron o sufrieron daños, incluidas numerosas escuelas y hospitales”, relatan. Los daños son incalculables. La ONU eleva hasta los 6.700 millones de dólares, el equivalente al 6% del PIB venezolano, el coste de los destrozos físicos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que las pérdidas económicas totales podrían ascender a 100.000 millones de dólares.

“Los terremotos del 24 de junio fueron desastres naturales inevitables. Sin embargo, las sanciones económicas de gran alcance y la congelación de activos impuestas por el Gobierno de EE UU, que han socavado gravemente la capacidad de respuesta y los esfuerzos de reconstrucción del país, son medidas provocadas por el ser humano y evitables”, apuntan los legisladores, que recuerdan que tras la operación militar del pasado 3 de enero para capturar y encarcelar a Nicolás Maduro, el país venezolano está bajo una especie de tutela por parte de Washington. “Al proclamar que su administración dirige el país, ustedes asumen una responsabilidad adicional en lo que respecta a la respuesta humanitaria”, añaden.

La carta de los congresistas demócratas ha recibido el apoyo de una veintena de ONG, entre las que se encuentran Just Foreign Policy, Demand Progress Education Fund, Center for International Policy Advocacy, Latin America Working Group (LAWG), World BEYOND War, September 11th Families for Peaceful Tomorrows, RootsAction, Peace Action, Peace Action New York State, Charity & Security Network, We Are CASA, Global Exchange, Global Health Partners, Doctors Against Genocide, United for Peace and Justice, NWMI DSA y el Center for Economic and Policy Research (CEPR).

Una década en recesión

El país necesita acceder a los recursos bloqueados para la reconstrucción y la estabilización de su economía golpeada por el terremoto y por una recesión que se ha prolongado durante una década. Las restricciones financieras por las sanciones impuestas a partir de 2017 están dificultando las labores de desescombro de cientos de edificios, colegios y otros centros públicos derruidos durante el terremoto y la recuperación de las zonas afectadas por la catástrofe. La situación amenaza con desatar una crisis sanitaria en el país. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió la semana pasada que la emergencia ha entrado en una etapa crítica. Avisó de que el sistema de salud venezolano ha colapsado y enfrenta una crisis que “está lejos de haber terminado”.

Tumbas de víctimas del terremoto, en el cementerio La Esperanza, en La Guaira, el 6 de julio de 2026.Chelo Camacho

En el mismo sentido, UNICEF alerta de que 1,8 millones de personas, incluidos 680.000 niños, necesitan asistencia humanitaria. “En este momento de crisis, resulta esencial una respuesta sólida coordinada por el Estado, sin las trabas de las sanciones, para evitar un colapso humanitario y atender las enormes necesidades de la población civil y de infraestructura, las cuales superan la capacidad de las iniciativas no gubernamentales por sí solas”, reclaman la docena de legisladores demócratas y una veintena de ONG. “El levantamiento de las sanciones también permitirá a las instituciones estatales coordinar y prestar de manera más eficaz servicios de atención médica de emergencia, refugio y alimentos, así como retirar escombros y reconstruir carreteras, escuelas y viviendas”, apuntan.

Estados Unidos impuso sanciones económicas a Venezuela en 2017, en pleno auge del Gobierno de Nicolás Maduro. Desde entonces, el país latinoamericano ha sufrido las estrictas consecuencias del bloque financiero, encadenando sucesivas crisis económicas, con una inflación galopante y el deterioro de su industria energética. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero no ha podido explotarlas debido a los problemas de su sector petrolero.

El FMI estima que la economía del país caribeño se contrajo un 74% durante los últimos 10 años. “Esta contracción fue tres veces más grave que la Gran Depresión en Estados Unidos y ha socavado considerablemente la capacidad del país para responder adecuadamente a desastres naturales como estos”, remarca la misiva.

“Efectos indiscriminados”

“El actual régimen de sanciones contra Venezuela tiene efectos indiscriminados y de gran alcance. Las restricciones al banco central, al sistema financiero, a la industria petrolera, a las industrias mineras y a las transacciones de deuda afectan a toda la economía y sociedad de Venezuela”, escriben los firmantes.

La carta de los 14 congresistas y la veintena de ONG se produce días después de que más de un centenar de economistas y académicos de prestigio presentara un manifiesto reclamando también el levantamiento de las sanciones económicas a Venezuela y conminara a la Administración Trump “a actuar de inmediato para liberar la respuesta humanitaria y la reconstrucción de Venezuela frente a las sanciones económicas y financieras continuas, la congelación de activos y las onerosas cargas de deuda”.

Los economistas reclamaban que Estados Unidos levantara las restricciones para que Venezuela pudiera acceder a los mecanismos de ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre los que se encuentran unos 5.000 millones por los Derechos Especiales de Giro que le corresponden a Caracas; y otros 4.000 millones de dólares por el Instrumento de Financiación Rápida. Para poder acceder a estos instrumentos, el Departamento del Tesoro debería emitir la certificación 25B para que el Banco Central de Venezuela pueda acceder a los activos financieros. Además, pedía la colaboración de los Gobiernos del Reino Unido y Portugal para que reintegren fondos bloqueados por más de 6.000 millones de dólares.

Personas participan en labores de rescate de sobrevivientes y recuperación de cuerpos, después del colapso de decenas de edificios provocado por los terremotos en el Estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026.Nayeli Cruz

Asimismo, solicitaban a los acreedores de la deuda venezolana una moratoria para aliviar las condiciones financieras del país para que pudiera centrarse en la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.

Un alivio permanente

Aunque el Gobierno de Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayudas por unos 300 millones de dólares y ha levantado ciertas restricciones para facilitar temporalmente las donaciones humanitarias, tanto los economistas como los congresistas consideran que “estas medidas son totalmente insuficientes para atender la urgencia y la magnitud de las necesidades de Venezuela”. Y añaden en la carta remitida al presidente estadounidense: “No solo tienen un alcance limitado y, en algunos casos, una vigencia temporal, sino que también conllevan trámites burocráticos engorrosos y, en gran medida, no logran modificar los incentivos de las empresas e instituciones financieras que optan por un cumplimiento excesivo de las normas por temor a sanciones”.

Tras la operación militar de Estados Unidos para capturar a Maduro, la Administración estadounidense ha lanzado una operación para gestionar los recursos petrolíferos del país latinoamericano. Tras la intervención militar, Trump reunió en la Casa Blanca a los ejecutivos de las compañías petroleras más importantes del mundo para repartir el negocio. Los congresistas y las ONG que suscriben la carta enviada al presidente exigen “la liberación inmediata de miles de millones de dólares procedentes de los ingresos petroleros venezolanos actualmente retenidos en cuentas controladas por el Departamento del Tesoro, y el fin del control de custodia de EE. UU. sobre los fondos derivados de la venta de petróleo venezolano”. Consideran que las medidas “son esenciales” para que el Gobierno interino de Delcy Rodríguez pueda gestionar la reconstrucción y estabilización de la economía del país.