Un juez federal bloquea la anulación de las solicitudes de asilo y permisos de trabajo de miles de inmigrantes
Un juez federal ha bloqueado la implementación de las políticas del gobierno de Donald Trump que imponen nuevos obstáculos a las solicitudes de asilo y anulan los permisos de trabajo de quienes se encuentran bajo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La orden de emergencia dictada este martes por el juez federal de distrito Nathaniel Gorton representa un alivio momentáneo para miles de inmigrantes que aún tienen autorizaciones de trabajo vigentes y será válida hasta el próximo 5 de agosto, cuando se prevé que el juez resuelva si se sostendrá la suspensión de estas medidas en el largo plazo.
La decisión responde a una demanda presentada por una coalición de organizaciones defensoras de inmigrantes donde pedían la impugnación de algunas de las medidas migratorias incluidas en la “Gran y Hermosa Ley” (“One Big Beautiful Bill Act”, en inglés) aprobada por el Congreso y promulgada por Trump en julio 2025. Entre ellas están la imposición de tarifas para solicitar asilo y la eliminación de las autorizaciones de empleo para personas beneficiarias del TPS, provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales y conflictos que les impiden regresar a sus países de origen.
“La decisión de la corte garantiza que miles de familias no pierdan sus medios de vida ni la tranquilidad mientras se determina la legalidad de estas políticas”, ha dicho Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, una de las organizaciones que ha presentado la demanda. “Sin esta intervención de emergencia, muchas personas beneficiarias del TPS habrían quedado imposibilitadas de trabajar a partir del 22 de julio, mientras que los solicitantes de asilo enfrentaban el rechazo de sus solicitudes y la terminación inmediata de su autorización de empleo”, ha explicado Democracy Forward a través de un comunicado.
En la práctica, esta orden de emergencia beneficia a solicitantes de asilo de todos los países y a grupos de beneficiarios del TPS provenientes de Haití y de Venezuela particularmente.
“Lo más importante de esta decisión es el impacto que tiene sobre los solicitantes de asilo que tenían sus casos pendientes y que iban a perder su permiso de trabajo o enfrentar incluso deportación expedita por no haber pagado la nueva tarifa anual de 100 dólares que impuso la Administración Trump”, ha explicado a EL PAÍS la activista Adelys Ferro, directora ejecutiva de la oenegé Venezuelan American Caucus. Ahora, estas personas tendrán la oportunidad de pagar el arancel correspondiente y continuar con sus procesos, manteniendo también la autorización para trabajar.
Mientras, los inmigrantes haitianos beneficiarios del TPS que corrían el riesgo de perder sus permisos de trabajo este 24 de julio, podrán mantenerlos hasta noviembre de 2026. En esa fecha es cuando vence la última renovación del Estatus de Protección Temporal para ciudadanos haitianos, aprobada por el gobierno de Joe Biden.
En el caso de los inmigrantes venezolanos, el alivio sólo alcanza a un pequeño grupo de beneficiarios que introdujeron la renovación de su TPS antes del 5 de febrero de 2025 y que tenían sus permisos de trabajo vigentes hasta octubre de 2026. De acuerdo a los cálculos del Venezuelan American Caucus, entre 5.000 y 10.000 venezolanos aún gozan de este estatus y podrían beneficiarse de esta orden de emergencia.
Hasta ahora, los tribunales inferiores son los únicos que han plantado cara a la agenda migratoria de Donald Trump. Pero aunque varios de ellos han fallado repetidamente en su contra, el presidente ha contado con el respaldo de la Corte Suprema en muchas de sus iniciativas más polémicas como el fin a las protecciones temporales para personas que huyen de países en estado de conmoción y los límites al número de personas que pueden solicitar asilo, entre otras medidas.
