Cada febrero, la República Dominicana reafirma el alumbramiento de su proyecto nacional y la vigencia de su soberanía. Escribo la presente reflexión motivado por la inquietud cívica de mi hijo menor, Félix Alejandro, quien a las puertas de sus doce años sugirió que reflexionara sobre el Mes de la Patria. No se trata de un ejercicio de memoria estática, sino que procura examinar cómo las fiestas nacionales constituyen soportes vitales de nuestra identidad.
“A lo largo de la historia se producen acontecimientos especialmente representativos que expresan gráficamente el significado más profundo de la política de un país”. La intuición de Rodolfo Smend conserva plena vigencia cuando se examina el sentido de las fiestas nacionales en el constitucionalismo contemporáneo. No se trata de simples hitos cronológicos, sino de condensaciones simbólicas donde una comunidad política se reconoce a sí misma y reactualiza los fundamentos de su existencia colectiva.
En el caso dominicano, como bien señaló Manuel Amiama, dos acontecimientos marcaron de modo decisivo la conciencia histórica del pueblo: la ocupación haitiana (1822–1844) y la anexión a España en 1861. La primera catalizó la voluntad de separación y la afirmación de un proyecto propio; la segunda reveló, con crudeza, que la independencia no era un acto consumado, sino una tarea que debía sostenerse con voluntad y compromiso constantes.
Por eso, el 27 de febrero y el 16 de agosto ―aniversarios de la Independencia Nacional y de la Restauración de la República― constituyen auténticos “días de la Constitución”, en la expresión de Peter Häberle. Son fechas que rememoran los valores constitutivos de la Nación y actualizan el ideario de Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, así como de los próceres restauradores: la aspiración a una República libre, independiente, soberana y democrática. Aunque el texto constitucional no los enumere expresamente como símbolos patrios, cabe asumir, como afirma Eduardo Jorge Prats, que pertenecen a ese estrato normativo-cultural que penetra hasta el núcleo identitario del Estado constitucional.
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Reducir estas fechas a la categoría de feriados administrativos supone empobrecer su densidad política. Las fiestas nacionales no son pausas en la rutina productiva, ni meros días de descanso escolar; son interrupciones cargadas de sentido. Interrumpen el tiempo ordinario para reinstalar el tiempo fundacional. No celebran únicamente un hecho pretérito, sino la vigencia actual de un compromiso histórico. En ellas se activa un proceso de integración simbólica: la ciudadanía se reconoce como parte de una comunidad organizada en Estado libre e independiente, reafirmando la soberanía y el principio de no intervención como ejes de su política exterior.
Desde la perspectiva pedagógica, los días de fiestas nacionales desempeñan una función insustituible. Permiten que la enseñanza constitucional trascienda la literalidad del articulado y se encarne en relatos, símbolos y experiencias compartidas. En términos de Jürgen Habermas, facilitan la construcción de un “patriotismo constitucional”, esto es, una adhesión racional y afectiva a los principios que estructuran la convivencia democrática y definen el horizonte plural de la identidad colectiva como un compromiso político de unidad nacional. Sin esa mediación simbólica, la Constitución corre el riesgo de convertirse en un texto normativo desanclado de la sensibilidad colectiva.
Una reflexión crítica exige ir más allá de la exaltación retórica. Las fiestas nacionales también pueden fosilizarse en rituales vacíos si no se articulan con las tensiones reales de la vida política. Conmemorar la independencia implica preguntarse por el estado actual de nuestra soberanía efectiva; es una celebración que obliga a una introspección en defensa de la nacionalidad dominicana. La memoria patriótica no puede ser complaciente: debe ser exigente para mantener encendida la tea de la dominicanidad y actualizar el significado trascendental de la Independencia Nacional.
El 27 de febrero no es una escenografía formal ni un ejercicio de nostalgia. Es la reafirmación de un proyecto político que costó sangre, sacrificio y renuncias. Honrar esa fecha supone asumir que la libertad y la forma republicana no son datos naturales, sino conquistas históricas siempre expuestas a erosión, como tristemente ha ocurrido en distintos momentos de la historia nacional. La conmemoración auténtica no consiste en repetir consignas, sino en actualizar el compromiso con los valores fundamentales y los principios rectores que evoca en la actualidad el preámbulo constitucional.
Estas fiestas operan como ejes de articulación interna de la Constitución abierta. Ningún Estado puede sostenerse a largo plazo sin un mínimo de unidad simbólica. La pluralidad ideológica ―consustancial a la democracia― requiere un sustrato compartido que permita el disenso sin fractura. Las fechas patrias ofrecen ese punto de convergencia: un espacio donde las diferencias se reconocen dentro de un horizonte común que reafirma el espíritu nacional a invita a la concordia en medio de las diferencias.
Defender el significado del 27 de febrero es defender la Constitución en su dimensión política y cultural. No se trata de sacralizar el pasado, sino de reconocer que la identidad nacional es una construcción histórica que debe ser revalidada y actualizada críticamente en el curso del tiempo. Las fiestas nacionales, cuando se comprenden en su densidad normativa y simbólica, no clausuran la reflexión identitaria: la abren. Nos convocan a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde queremos conducir el proyecto republicano que heredamos.
Mantener viva esa flama no es un gesto ornamental. Es una responsabilidad cívica a la que estamos convocados ciudadanas y ciudadanos en la plenitud del siglo XXI para erguirnos, como advirtió Rafael Justino Castillo a finales del siglo XIX, “ante los de no importa qué nación, y con la misma altivez con que el apóstol de los gentiles dijo a Festio Porcio: «Caves romanus sum», decir con la mano sobre el corazón: Yo soy dominicano.”
Félix Tena de Sosa
Abogado
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