Debido a la escasez de GNV por la fuga y deflagración en el ducto de Camisea, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció el viernes que –entre otras medidas– las clases de los colegios, institutos y universidades privadas de Lima y Callao pasarían a modalidad virtual durante la semana que viene.
Debido a la escasez de GNV por la fuga y deflagración en el ducto de Camisea, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció el viernes que –entre otras medidas– las clases de los colegios, institutos y universidades privadas de Lima y Callao pasarían a modalidad virtual durante la semana que viene.
Es incomprensible la afición de los gobiernos por suspender las clases presenciales cada vez que existe un problema en el país. Como si no se hubiese aprendido nada de la pandemia. Esta etapa excepcional abrió las puertas a una práctica que ahora se utiliza de manera regular sin mayor justificación. Así como con los retiros de las AFP, se normalizó una acción que solo debía utilizarse en casos extremos que amenacen la seguridad de los estudiantes. Ahora, los colegios permanecen cerrados en Lima por paros de transportistas, marchas, e incluso se hizo lo mismo por el APEC. Y si falta gas, se cierran también.
Decimos que es incomprensible porque de esta decisión no se puede identificar beneficio alguno para nadie. La gran mayoría de las unidades de transporte –público y privado– que trasladan a los alumnos a sus centros de estudio funcionan con diésel o gasolina. E incluso si la intención era ahorrar gas de algunos vehículos para otros destinos más importantes, es difícil concebir para qué otro uso –más relevante que llevar a los niños y jóvenes a clases– estamos ahorrando.
Se sabe de sobra que las clases virtuales no son un sustituto adecuado para la presencialidad. Los retrocesos y brechas de aquellos años de la pandemia en aprendizaje, socialización y madurez emocional de los alumnos son evidentes para cualquier docente. Pero en vez de invertir esfuerzos en compensar el tiempo perdido, se insiste en seguir cortando el tiempo en el aula. A ello hace falta agregar la presión adicional que se pone sobre padres de familia que deben salir a trabajar y que no necesariamente tienen quién acompañe al niño en casa.
En la medida en que esto afecta sobre todo a colegios, institutos y universidades privadas de Lima y Callao (los colegios públicos aún no empiezan clases en su mayoría), por lo menos se debió dejar a cada institución decidir libremente lo que mejor funcionase para sus propios alumnos, docentes y padres de familia. El requerimiento de suspender las clases presenciales de manera generalizada no soluciona ningún problema; agrava los que ya teníamos y pone en evidencia la falta de ideas del gobierno para transmitir la imagen de que algo está haciendo ante la emergencia.
