“Estás presentaciones resultan del supuesto (repito) supuesto incumplimiento del país de una orden que lo obliga a presentar los WhatsApp y servicios de mensajería similares de ciertos funcionarios públicos. Ya lo han hecho la gran mayoría, pero, al 12 de enero, restan 6 que no”, señaló el especialista Sebastián Maril.
En una última comunicación, fuentes de la Procuración del Tesoro afirmó que “la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”.
“Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, indicaron, al tiempo que destacaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”, indicaron voceros oficiales.
Críticas a los fondos buitre y a Preska
Tras la expropiación, los demandantes optaron por no acudir a los tribunales argentinos y presentaron sus reclamos en los Estados Unidos varios años después, indicaron los abogados de la Argentina.
“La sentencia resultante, que pretendió aplicar el derecho argentino, llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás”, sostuvieron, en clara crítica a la jueza Preska.
Los letrados de la Argentina indicaron que “el verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria de USD 16.100 millones (que hoy asciende a unos USD 18.000 millones con intereses posteriores a la sentencia), derivada de una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina. Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior al 37.000 por ciento, a expensas del pueblo argentino”.
