Beneficiarios del TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal respiran con tranquilidad luego de orden judicial

LOS ÁNGELES — La zozobra que han enfrentado las personas amparadas al Estatus de Protección Temporal (TPS) desde la cancelación de este programa migratorio ocurrida el 8 de septiembre se convirtió en alegría para recibir el año nuevo, luego de la orden judicial emitida el 31 de diciembre por la jueza federal Trina L. Thompson en la que dictaminó que la decisión de la administración Trump fue ilegal, lo que permite restaurar la vigencia del TPS a los beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal.

La orden de la jueza Thompson le dio un respiro a unas 60,000 personas que desde 1999 se encuentran amparadas a este programa que les fue otorgado luego de sufrir los estragos del huracán Mitch, ocurrido a finales de octubre de 1998 y que golpeó principalmente a Honduras y Nicaragua, aunque igual tuvo impacto en Guatemala y El Salvador.

“Recibo esta noticia con felicidad y un alivio para todas las personas que dependemos del programa”, valoró Francis García, beneficiaria del TPS originaria de San Pedro Sula, Honduras, celebrando la orden judicial porque observa que debido a las políticas antiinmigrantes que imperan en Estados Unidos las personas salen a la calle, pero no saben si pueden regresar.

El programa TPS proporciona un permiso de trabajo, un número de seguro social y protección en contra de las deportaciones a las personas amparadas al alivio migratorio.

Desde el 18 de noviembre, García tiene vencido su Real ID y licencia de conducir. Ahora con la orden de la jueza Thompson, se encuentra a la espera de las instrucciones que gire el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para renovar sus documentos en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). “Te da un poquito de tranquilidad andar con el Real ID”, indica la migrante de 49 años.

En medio de la adversidad, Cecilia Rodríguez, presidenta de la Alianza Hondureña de Los Ángeles, no perdió la fe. Esta activista, originaria de Choluteca, llegó al sur de California a principios de 1986. Al menos 17 años estuvo amparada en el programa TPS. Ahora, como ciudadana naturalizada estadounidense sigue luchando por sus connacionales. A su juicio, mantener el programa para los migrantes hondureños es un acto de justicia.

“La gente no está aquí porque quiere”, afirma la activista, destacando que luego del desastre causado por el Mitch su nación de origen ha enfrentado pobreza, desempleo e inseguridad, razones por las que sus compatriotas siguen migrando hacia suelo estadounidense.

La resolución de la jueza Thompson no es definitiva, existe la posibilidad de que la administración Trump apele esta decisión.

En este momento es una luz de esperanza al final del túnel. Elizabeth Uribe, abogada de inmigración, explica que las personas oriundas de Honduras, Nicaragua y Nepal tienen una protección laboral y en contra de las redadas migratorias. Si alguna persona tiene alguna duda sobre la decisión judicial, la experta aconseja a los beneficiarios del TPS que se acerquen a las organizaciones comunitarias que cuentan con asesoría legal.

“Con esta decisión, la implicación es que no te pueden despedir del trabajo; inmigración no debe tomar acción en contra de estas personas tampoco”, sostiene Uribe.

En la orden judicial, detallada en 52 páginas, Thompson escribió que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó una decisión predeterminada para poner fin al programa e influyó en el proceso de revisión de las condiciones para facilitar la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal.

El tribunal también rechazó la solicitud del gobierno de desestimar el caso. En cambio, concluyó que Noem incumplió la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que exige la consideración de las condiciones de los países y la consulta con el Departamento de Estado de Estados Unidos, y en su lugar, limitó la revisión para lograr el resultado deseado de cancelar el alivio migratorio.

En julio, la Alianza Nacional TPS y siete personas amparadas a este programa presentaron una demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional, impugnando la decisión de retirar abruptamente las protecciones sin una
revisión exhaustiva de los hechos, tal como lo exige el Congreso.

Jhony Silva, demandante hondureño de 29 años, aseguró que la resolución de la jueza Thompson es un gran alivio; pero la decisión del gobierno de poner fin al TPS ya ha causado estragos en su vida y en la de muchos otros beneficiarios.

“He vivido en Estados Unidos desde que tenía tres años, pero perdí mi trabajo como asistente de enfermería certificado debido a la cancelación del programa y tuve que interrumpir mis estudios para convertirme en enfermero. Espero que esto signifique que mi hijo y yo podamos estar seguros en Estados Unidos por el momento, pero no dejaremos de luchar para proteger nuestros derechos y los de los demás”, indicó.

Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros, las Fundaciones de ACLU del Norte y del Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Haitian Bridge Alliance.

“La secretaria Noem debe cumplir la ley. Este tribunal determinó que las pruebas demuestran de forma contundente que no lo hizo”, manifestó Emi MacLean, abogada de la Fundación ACLU del Norte de California. “La ley del Estatus de Protección Temporal (TPS) ha brindado protección humanitaria esencial durante 35 años. No se puede ignorar tan fácilmente”.

De acuerdo a los líderes de las organizaciones y expertos legales, la decisión de la jueza federal tiene consonancia con prácticamente todas las decisiones de los tribunales de distrito del último año, en la que se determinó que la administración Trump no cumplió con la ley al llevar a cabo su persecución en contra de estas comunidades de migrantes.